La socialización de la Ley 1523 de 2012 mediante la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dejó en claro que hasta el próximo 24 de julio se tiene plazo para la creación de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastre.
El asesor Jurídico del Ministerio del Interior para la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Benjamín Collantes quien ofreció una conferencia a alcaldes y responsables de este asunto en cada una de las municipalidades, indicó que se entregó toda la información para que los alcaldes cumplan con este requisito que impone la norma socializada.
“Les hablamos de la necesidad perentoria de la creación de estos Consejos para tener disponibilidad de recursos y así enfrentar las emergencias”, sostuvo Collantes.
Al respecto el subsecretario de Prevención y Atención de Desastres, Edinson Palma indicó que este es uno de los aspectos principales que aborda esta Ley y que en el Atlántico se debe avanzar en la conformación de estos consejos.
“Existen municipios como Sabanalarga y Usiacurí que ya los tienen conformado por vía administrativa, a través de decreto, y además le estamos presentando unos modelos para que ellos lo adecuen a la estructura de su municipio y puedan estar a tono con esta nueva legislación, toda vez que cualquier recurso que se vaya a gestionar del orden departamental y del orden nacional debe ser canalizado con los consejos municipales de gestión integral del riesgo”, explicó.
Así mismo destacó que la Ley 1523 de 2012 además de ordenar la creación de estos Consejos, plantea la necesidad de formar un Consejo de este tipo de orden departamental que sería el órgano encargado de asesorar, planificar y de establecer las estrategias en materia de políticas de gestión del riesgo, así mismo la creación de unos fondos territoriales para invertir en la gestión integrar del riesgo
De igual manera, se establece el término de un año para que los municipios modifiquen su esquema de ordenamiento territorial y puedan establecer allí las zonas de amenazas, vulnerabilidad y de alto riesgo como también la elaboración de planes de gestión integral de riesgo que permitan a corto, mediano y largo plazo identificar una política integral de gestión del riesgo en cada uno de los municipios.
ASESORÍA DE COMUNICACIONES
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO
