A esta conclusión llegaron los asistentes al comité de seguimiento electoral efectuado en las instalaciones de la Procuraduría Regional, luego que la mayoría de alcaldes y delegados de los municipios del Atlántico coincidieran en que hay serios indicios de asonadas, cierre de vías y amotinamiento para interrumpir el proceso electoral.
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa compartió esta inquietud de los mandatarios locales y citando el artículo 386 del Código Penal en lo concerniente a las sanciones que la ley impone a quienes participen de actos que perturben el orden público durante las elecciones, manifestó que es necesario recordar y advertir a la ciudadanía para que tenga un comportamiento ejemplar.
“Durante la reunión se hizo mucho énfasis por parte de las autoridades encargadas de este tema que existen sectores en el departamento donde hay amenazas de perturbación del orden público y por eso debemos recordar los artículos del código penal 386 y 387 que advierten que a personas que por medio de maniobras engañosas perturben o impidan la votación pública relacionada con los mecanismos de participación democrática, escrutinio de las misma o la realización de un cabildo abierto, incurrirá en prisión de 4 a 9 años y de 6ª 12 años cuando se realice por medio de violencia. Se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público”, expresó.
Municipios como Campo de la Cruz, Tubará, Galapa y Juan de Acosta son, según los mandatarios locales, donde hay indicios de perturbación del orden público para este 30 de octubre, por lo que se dispuso la conformación de unos operativos especiales por parte de la Policía y las Fuerzas Militares que incluye la presencia del Esmad y de las Fuerzas Urbanas Rurales (Fucur).
CASO SOLEDAD
El comité electoral hizo además una revisión exhaustiva del caso del ex candidato a la alcaldía de Soledad, Enrique Cumplido quien aún aparece en los tarjetones electorales como candidato al primer cargo municipal, aunque éste haya solicitado su retiro en la fecha establecida. El delegado de la Registraduría Nacional se comprometió a darle solución a esta solicitud.
Otro de los casos es el deterioro que presenta la Institución Educativa San Antonio, en el municipio de Piojó que sería utilizada como puesto de votación, sin embargo el alcalde municipal, William Jiménez con fotografías demostró el agrietamiento de la estructura contigua a la institución por lo que mañana miércoles una comisión de la secretaría de Infraestructura Departamental realizará una inspección de la obra para decidir si se traslada o no la mesa de votación.
ASESORIA DE COMUNICACIONES
