· El gerente encargado de Edusuerte, Carlos Arturo Martínez, confirmó que en el departamento se dejan de percibir $4.000 millones anualmente.
· Por este delito, Colombia tiene pérdidas hasta por $1.5 billones al año.
Barranquilla, Atlántico, 6 de agosto de 2024. Fortalecer el trabajo interinstitucional para minimizar los impactos negativos que deja al departamento los juegos de azar ilegales, es la principal estrategia de la Gobernación del Atlántico a través de Edusuerte, el Concesionario Red de Servicios de Occidente S.A. y Coljuegos, quienes firmaron este martes el Pacto por la Legalidad 2024.
De esta manera, la administración cierra filas para frenar el chance ilegal en el Atlántico que, según información entregada por Edusuerte, se estarían dejando de percibir alrededor de $4.000 millones al año.
Esta misma modalidad de rentas ilegales ha permeado no solo a la región Caribe, sino al país, pues según indicó el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié Ramírez, la Nación pierde anualmente $1.5 billones.
Para el mandatario departamental, la firma de este acuerdo voluntario fomenta la cultura de legalidad, impulsa la recaudación de recursos para la financiación de la salud en el Atlántico y fortalece el control y vigilancia en las actividades de juegos de suerte y azar.
“Hemos realizado esfuerzos muy grandes para tener los mejores centros de salud, pero para todo eso se requiere de recursos. Estos pactos nos permiten asegurar inversiones para fortalecer nuestros hospitales con avances tecnológicos. Queremos construir y firmar un pacto que dé tranquilidad y seguridad a los habitantes de nuestro territorio”, señaló.
Verano indicó que Coljuegos formalizó esta colaboración interdisciplinaria con la Gobernación del Atlántico y con ello se aúnan esfuerzos con la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y otros entes para mejorar la eficiencia en el control, aumentar los procesos de conocimiento del delito y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de apostar en sitios legales.
Carlos Arturo Martínez, gerente encargado de Edusuerte, sostuvo que la suscripción de estos pactos representa una mayor inversión social para las regiones. Al hacer las cosas de manera legal y pagar los impuestos correspondientes, los habitantes de cada departamento se benefician directamente con una mayor inversión en el sistema de salud.
“Esto hay que minimizarlo de todas las formas posibles, por eso este pacto que se logra a través de todas las fuerzas conjuntas como Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Dian, administración departamental y alcaldías cerraremos filas para reducir este impacto en las rentas”, precisó.
Marco Emilio Hincapié Ramírez, presidente de Coljuegos, dijo que en la presente anualidad, el Eje Cafetero, Antioquia, Meta, Nariño, Valle del Cauca, Boyacá, Norte de Santander, Chocó, Sucre, Huila, Tolima y otros departamentos han firmado y se han comprometido con la salud de sus departamentos.
Recordó que la Gobernación del Atlántico respondió al llamado y firmó por primera vez el Pacto por la Legalidad en 2017. Posteriormente, en 2021, reafirmó su compromiso y lo renovó en 2024.
“Gracias a estos esfuerzos, el Departamento del Atlántico ha sido reconocido como pionero en la implementación de acciones de legalidad y fortalecimiento del sector de juegos de suerte y azar”, expresó Hincapié.
Sostuvo que lo más importante en este momento es unificar criterios e ir trabajando de la mano. “En lo que va corrido de este año hemos hecho operativos importantes en la región Caribe y en otras partes del país y se han decomisado más de tres mil elementos. Ciudades como Barranquilla, Santa Marta y Valledupar han avanzado por lo que hemos podido recuperar y recaudar recursos para el país”, precisó.
Un hito importante en este proceso fue la constitución del Comité Interinstitucional de Lucha contra el Juego Ilegal, una medida clave para apoyar la reactivación social y económica en el sector de los juegos. Este logro demuestra el compromiso de la Gobernación del Atlántico con la legalidad y la transparencia.
OFICINA DE COMUNICACIONES
GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO