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Secretaría del Interior

Conpes y ataque contra el narcotráfico en el Caribe, conclusiones del Consejo de Seguridad en Mompox

La inseguridad en los centros urbanos, el microtráfico, minería ilegal y la atención a población venezolana, fueron los puntos principales que se abordaron durante el Consejo de Seguridad región Caribe que se realizó en Mompox (Bolívar) con la presencia del ministro de Defensa, Guillermo Botero; el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez y la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, señaló que la inseguridad en los centros urbanos golpea duramente a los ciudadanos y esto afecta la credibilidad de la gente en sus instituciones. Aseguró que este es el nuevo reto que tienen las autoridades civiles y militares. A eso hay que sumarle el crecimiento de las economías ilegales como viene sucediendo en Bolívar con la minería ilegal.

"El presidente Duque ha venido hablando del rediseño de la política criminal y frente a eso hay unas tareas prioritarias como son la prevención, vigilancia, detención y entrega de los delincuentes al sistema de justicia. Además, hay que fortalecer la coordinación y el diálogo con los gobiernos territoriales", dijo Verano.

El secretario del Interior del Atlántico, Guillermo Polo, señaló que, para el caso puntual del Atlántico, el microtráfico se ha convertido en un problema de grandes dimensiones en Barranquilla y los municipios debido a que la lucha de las bandas por el control de los territorios ha derivado en asesinatos.

"Se está matando al que denuncia, al que cruza fronteras imaginarias que han establecido las bandas, incluso, a los mismos consumidores por cambiar de proveedor de la droga ilícita", anotó Polo.

Para el caso de Bolívar y Sucre la situación es más compleja por el aumento de los cultivos de coca y el fortalecimiento de las bandas criminales como el Clan del Golfo que controla los corredores de exportación de la droga ilícita. Teniendo en cuenta esta situación se diseñará una estrategia para contrarrestar este flagelo.

NO MÁS  IMPUNIDAD

Atender la demanda de justicia es uno de los principales problemas que tiene la región Caribe en materia de seguridad. La falta de una política judicial con herramientas y los medios técnicos y tecnológicos dificulta esta labor.

A eso se suma la poca presencia de Policía de vigilancia, debido a que el Caribe tiene una proporción baja de uniformados por habitantes; la exagerada carga laborales de fiscales y jueces, y la compleja situación penitenciaria.

"Todos estos aspectos deben ser abarcados por la nueva política criminal, es vital que estas necesidades sean resueltas para la tranquilidad de la gente en el Caribe", anotó Verano.

El Sistema Penal Acusatorio (SPOA) en estos momentos requiere de más policía judicial, fiscales especializados y jueces. Sin embargo, lo más urgente es resolver el complejo asunto carcelario.

"El promedio nacional de hacinamiento está en 46 % y en la región Caribe supera el 90 %, por eso es urgente resolver este tema cuanto antes", dijo el gobernador del Atlántico.

Recordó que, frente a esta problemática, el departamento ha tomado medidas, por eso se firmó un convenio con el Ministerio de Justicia para la construcción de una cárcel de con capacidad para 4.000 internos.

CRISIS  MIGRATORIA

El éxodo de ciudadanos venezolanos y colombianos retornados del vecino país a la Región Caribe ha incidido en la seguridad de los centros urbanos. Por ejemplo: el Atlántico es el segundo departamento con mayor población migrante. El último registro dio 43.000 personas. Se estima que en el subregistro la cifra llegue a 200.000, por eso nace la necesidad de incrementar el pie de fuerza.

Frente a esta problemática, se anunció que para la próxima semana el Gobierno Nacional expedirá un documento Conpes que brindará la posibilidad de que los departamentos tengas más recursos para atención a población venezolana.

ASESORÍA  DE COMUNICACIONES

GOBERNACIÓN  DEL  ATLÁNTICO